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Un nuevo informe de la UNESCO analiza las tendencias y los desafíos actuales del derecho a la educación superior
¿Cuáles son las obligaciones legales del Estado relacionadas con la educación superior? ¿Cómo se aplican en el contexto de un incremento del movimiento humano, el aumento de las desigualdades y la creciente digitalización? ¿Qué medidas nacionales se adoptan para promover este derecho y cuáles son los desafíos a los que hace frente?
En el marco de la Conferencia Mundial sobre la ܳó Superior 2022 (WHEC22), que se celebró en mayo de 2022, el nuevo informe de la UNESCO “” (disponible en inglés), publicado conjuntamente con la , aborda estas cuestiones con el objetivo de garantizar que el enfoque basado en los derechos humanos se sitúe en el centro del debate sobre la educación superior.
A pesar de que el número de matrículas ha aumentado un 100% en los últimos 20 años, el acceso a la educación superior sigue siendo limitado debido a su coste, a las prácticas discriminatorias, a la carencia de medidas de apoyo y a los rígidos procesos de admisión que refuerzan las desigualdades. La educación digital es a la vez una oportunidad y una amenaza para la aplicación del derecho a la educación superior, y se echan en falta medidas que mejoren la inclusión, incluso para las personas que se desplazan. La calidad de la educación, en términos de contenido, prestación y seguimiento, requiere un mayor refuerzo, fundamente en lo que se refiere a los problemas de financiación.
Frente a este sombrío panorama, se observan avances positivos en todos los países y, basándose en las buenas prácticas, así como en las investigaciones existentes, esta publicación proporciona orientaciones políticas para garantizar un disfrute equitativo del derecho a la educación superior en términos de acceso, continuidad y finalización.
Se incita a los Estados a adoptar un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida basado en la equidad y que abarque todo el sistema, en particular garantizando la interconexión con otros niveles y formas de educación. Es necesario traducir los objetivos políticos en leyes. Es fundamental una financiación suficiente y sostenida, y debe darse prioridad a los grupos vulnerables, marginados y desfavorecidos. Los Estados también deben mejorar la calidad de la oferta de la enseñanza superior, fundamentalmente mediante la aplicación de garantías en lo relativo al aprendizaje en línea y superando la brecha digital. Las políticas de educación superior deben ir más allá del acceso y tener en cuenta la finalización de los estudios y la transición al mercado laboral.
En un momento en que la UNESCO se compromete en la revisión del marco internacional de los derechos humanos, la publicación invita además a una reflexión a escala mundial sobre las nociones de “mérito” y “capacidad”, de “introducción progresiva de la educación gratuita” y de “igualdad de acceso para todos”.
La educación superior es un derecho humano, y los Estados deben tomar más medidas para garantizar la plena aplicación de este derecho.
