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Obtener información ambiental permite que las personas conozcan el estado actual y proyectado del medio ambiente (incluyendo los daños e impactos posibles y reales), puedan participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones y tengan mejores herramientas para proteger su entorno natural. 

Asimismo, el acceso a información ambiental es una condición habilitante para gozar del derecho a un medio ambiente sano y de otros derechos conexos como el derecho a la salud, a la alimentación o al agua. 

Tribunales y órganos garantes en América Latina y el Caribe han implementado, a través de sus sentencias y decisiones, los estándares aplicables al acceso a la información ambiental. Los principales desarrollos más recientes se basan en o complementan la legislación nacional vigente y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”). Este documento toma como base el año de adopción del Acuerdo de Escazú (2018) para analizar cómo la jurisprudencia de tribunales y las decisiones de órganos garantes de la región han fomentado el acceso a la información ambiental.

El análisis de casos seleccionados pone de manifiesto el creciente interés de las personas por el medio ambiente y la consiguiente necesidad de garantizar su derecho a acceder a información ambiental. 

Los casos estudiados reafirman estándares asentados previamente a nivel internacional, como el principio de máxima publicidad y las obligaciones de transparencia activa y pasiva. En ocasiones, incluso amplían el alcance y contenido del derecho, por ejemplo, interpretando de manera más favorable la definición de información ambiental, expandiendo la consideración de sujetos obligados, delimitando la aplicación de causales de denegación o impulsando la generación y difusión de más información ambiental.

En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y de contaminación que impacta de manera significativa a la región, los casos analizados en este documento pueden servir como guía para fortalecer el acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe.