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La UNESCO ayuda a los Estados Miembros a cumplir y aplicar los tratados y acuerdos internacionales, normas y estándares relacionados con el Acceso universal a la información, contribuyendo a las sociedades del conocimiento. El acceso a la información se basa en estos derechos que son reconocidos internacionalmente y abarca los principios básicos de la buena gobernanza: participación, transparencia y rendición de cuentas. Los obstáculos al acceso a la información pueden impedir el goce de los derechos tanto civiles como políticos, además de los derechos económicos, sociales y culturales. La UNESCO proporciona asesoramiento basado en evidencia y, si procede, asesoramiento integral sobre políticas con el objetivo de ayudar a los países a ejecutar e informar sobre sus acciones en el marco de la Agenda 2030, en especial, mediante la incorporación de garantías constitucionales, estatutarias y / o políticas para el acceso público a la información. La UNESCO proporciona a los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil capacidades para recopilar, analizar e incrementar la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y confiables sobre el ODS 16.10.2.

Los gobiernos nacionales, principales garantes de los derechos, y que son responsables de progresar en cumplir los ODS, tienen la obligación de monitorear e informar sobre el progreso de sus compromisos y esfuerzos por garantizar el acceso público a la información, lo que se refleja en la Meta 16.10 de los ODS. En el marco de este objetivo, se estableció el indicador 16.10.2 para dar seguimiento a los progresos en “el número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, estatutarias y / o normativas para el acceso del público a la información”, prestando atención a los dos componentes esenciales de esos avances: “adopción” y “aplicación”.