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El derecho a la educación enfrenta desafíos significativos en contextos de emergencia y crisis prolongadas, como resultado de factores como el cambio climático, desastres, conflictos sociales y desplazamientos forzados. En América Latina, estos riesgos son frecuentes y afectan la continuidad educativa de miles de niños y adolescentes. En particular, en países como Venezuela, Haití y Ecuador, las crisis han impulsado flujos migratorios hacia otros países de la región, como Chile, donde los migrantes enfrentan condiciones difíciles y barreras para acceder a la educación.

En Chile, las políticas migratorias restrictivas han empujado a muchos migrantes a tomar rutas peligrosas e irregulares. Según estimaciones de 2024, más de 100.000 personas están en situación migratoria irregular en el país. Esta situación afecta especialmente a los niños, quienes enfrentan grandes dificultades para acceder a derechos esenciales, como la educación. En respuesta, diversas organizaciones humanitarias han implementado intervenciones en el norte de Chile para proteger y apoyar a la infancia en movilidad, priorizando el derecho a la educación como un medio clave para generar oportunidades y salvar vidas.

Las experiencias de respuesta en Chile han puesto de manifiesto la importancia de diseñar e implementar soluciones educativas adaptadas a los contextos de movilidad y emergencia. Instituciones locales e internacionales han colaborado para ofrecer modalidades educativas alternativas y garantizar el acceso a la educación formal. Estas intervenciones no solo buscan mantener la continuidad del aprendizaje, sino también crear entornos seguros que promuevan el bienestar emocional y físico de los estudiantes, reconociendo el rol central de la educación en la protección de los derechos de la infancia.