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Nadie hubiera imaginado que una crisis sanitaria mundial iba a obligar a la ciudadanía a no salir de su casa, o salir lo menos posible. Tampoco hubiéramos imaginado que, a pesar de este encierro forzado, la administración de Justicia pudiera seguir funcionando. Sin embargo, en muchos países de nuestra región, eso sucedió. Con un tiempo de ajuste al contexto inesperado, los tribunales tuvieron que acomodarse a que el trabajo debía seguir y a que las formas debían cambiar.

Mientras hasta el año pasado en muchos lugares sólo se admitían papeles firmados a puño o audiencias presenciales, hoy se reciben escritos por correo electrónico y se toma declaración por videollamada. El contexto cambió, la Justicia adoptó herramientas para seguir funcionando y la ciudadanía se favoreció con una administración de Justicia acorde a la realidad.

Pero ello trae consigo, también, algunos desafíos en torno a derechos humanos concomitantes como son el acceso a la información y la protección de los datos personales. No por brindar servicios se debe descuidar la seguridad de los datos de las personas, ni en nombre de hacer frente a la pandemia se deben ocultar decisiones que afectan a la gente.

Durante años -podríamos poner como punto de partida la discusión sobre la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA en 2010- quienes trabajamos en el tema venimos insistiendo con que el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece las instituciones de la democracia. Sostuvimos (y sostenemos) que la información en manos de los poderes del Estado es pública y no puede ser escondida a la ciudadanía. Defendemos el principio de informalidad -por el cual no es necesario solicitar un sinnúmero de trámites para que la ciudadanía acceda a la información- para que prime en las administraciones y que la información pública sea entregada con tan sólo requerirla. Afirmamos que es necesario tener mecanismos claros para poder solicitar información y reclamar en caso de que no se obtenga. Y alentamos a los poderes públicos para que dispongan cada vez más y mejor información de manera proactiva ya que, de esa manera, se abren posibilidades para que la ciudadanía pueda ejercer otros derechos humanos.

Frente a la incertidumbre que trae esta pandemia, las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias y adecuarse para poder seguir brindando servicios respetando los derechos humanos y en línea con los instrumentos legales regionales para proteger a las personas.

Las respuestas a esta crisis sanitaria no deben realizarse a espaldas de la gente: los mecanismos efectivos que garanticen el acceso a la información; la comunicación de las decisiones que afectan a la mayoría; los instrumentos que permitan participación y colaboración; todo ello debe estar garantizado y, así, favorecer al fortalecimiento de la democracia y propiciar una Justicia más abierta, transparente y que rinda cuentas a la sociedad.

La defensa del principio de que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, guía a quienes pertenecemos a la Red Internacional de Justicia Abierta y resulta un camino sobre el que transitar para quienes trabajamos día a día, tanto desde los poderes judiciales, como desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores comprometidos de la región para lograr una Justicia abierta, transparente, participativa y centrada en las personas .

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta columna de opinión son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.