91�鶹������Ʒ����

El derecho al agua debe contemplarse a partir del aprovechamiento del recurso hídrico, sus usos y consumos (en términos de calidad y cantidad) y desde la amenaza del cambio climático. Para garantizar este derecho en la región, es imprescindible que los países implementen marcos legales orientados a fortalecer la gestión del agua en sus territorios.

Latinoamérica tiene 645 millones de habitantes, aproximadamente, de los cuales 166 millones no acceden al agua segura, y 444 millones tampoco tienen acceso al saneamiento de calidad (Joint Monitoring Programe UNEICEF/OMS). Para alcanzar la acordados por los países y también uno de los desafíos más importantes de la gestión integrada de recursos hídricos, se debe adaptar el marco normativo e institucional a la evolución del conocimiento científico y tecnológico, y y a la situación hidrológica en una región con grandes cambios poblacionales y climáticos. Y esto supone un reto para la región.

En América Latina y el Caribe la situación de los marcos legales con enfoque en la gestión integrada de recursos hídricos es dispar entre los diferentes países. Existen fuertes dificultades y buenas prácticas, según el caso. Hay países sin ley de aguas, por ejemplo, o con normas antiguas desconectadas de la problemática actual. Hay otros que sí tienen ley de aguas pero no se encuentra reglamentada, lo que dificulta su aplicación. Otros territorios de la región disponen de normativas nacionales y provinciales, mientras que otros cuentan con una legislación que no parte de la planificación hidrológica, a diferencia de algunos países que han diseñado una legislación moderna basada en la planificación.

“El tema de los legales apropiados es fundamental para lograr la seguridad hídrica. Es importante que el financiamiento, las infraestructuras, tecnologías y el fortalecimiento de capacidades, estén acompañados de marcos legales y jurídicos específicos”, aseguró, en este sentido, Miguel Doria, Hidrólogo Regional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe.

Para las necesidades del futuro, las políticas deberán ser nexo entre agua, energía y alimentación. Una ley moderna de aguas debería tratar este elemento como un bien ambiental, económico y social, establecer principios claros de base, inspiradores de la legislación y la práctica aplicativa, una gestión administrativa, planificación hidrológica, financiación de la política, cambio climático, y fenómenos hidrológicos extremos. Pero debería ser también clara y simple, para facilitar su aceptación e implementación.

Actualmente, en la política hídrica moderna hay dos consensos claves: que cada país disponga de una política de aguas en función de las características hidrológicas de su territorio, y que la gestión se desarrolle en el marco de una planificación administrativa específica.

“Consideramos que como parte angular de la gestión de los recursos hídricos se encuentran los marcos legales, que permiten establecer instituciones fortalecidas que puedan desarrollar instrumentos de planificación”, señaló Concepción Marcuello, Representante de la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua – .

En América Latina se ha incrementado la necesidad de vincular la normativa a las realidades de cada país, algo que hasta ahora no sucede de manera constante. Viviana Pesce, Directora Nacional de Aguas del , indicó que “Uruguay no es ajeno a los desafíos que plantea la gestión integrada de los recursos hídricos y el cumplimiento de la meta 6.5 de los ODS”. Es tan importante para el país, dijo, que forma parte del Plan de Aguas de su país, un proyecto específico sobre Marcos Legales, para trabajar a nivel nacional.

Para una buena gestión de los recursos hídricos, existe la necesidad de coordinación entre las normas de protección, las obras de infraestructura, las prioridades, el consumo y el volumen, a fin de lograr reducir la contaminación, mantener los sistemas acuáticos y cubrir la demanda de los usuarios. Es importante fomentar las líneas de financiamiento e investigación de tecnologías alternativas.

El derecho de aguas necesita adaptarse a la incertidumbre generada por el cambio climático, para fomentar la resiliencia y capacidad de adaptación, integrando los planes de cuenca, y teniendo en cuenta aspectos como el turismo sostenible, los derechos de las poblaciones indígenas y la agricultura local.

Tomado del curso virtual sobre “”. Coorganizado por Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua, Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente de Uruguay, y el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con el apoyo de AECID. 3 y 4 de noviembre, 2020.