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El emanado el martes 15 de noviembre por la Oficina Regional de ����ܳ�������ó�� para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con el apoyo de Education Cannot Wait y el grupo Regional de ����ܳ�������ó�� para América Latina y el Caribe, afirma que los tres países andinos han disminuido las barreras de acceso educativo para las personas en situación de movilidad (migrantes, refugiados, desplazados). A través de la modificación de sus sistemas de información y gestión educativa (SIGED), ahora existe una mayor comprensión y visibilidad de esta población, una oportunidad para responder mejor a sus necesidades.

El informe titulado fue presentado en un dedicado al lanzamiento de la nueva . El texto releva la importancia de visibilizar a las personas en situación de movilidad en estos sistemas de información, dado que así se logra una mejor comprensión de sus necesidades específicas. Con estos datos los tres países analizados pueden brindar, desde la planificación y la gestión educativa, respuestas más adecuadas para garantizar su derecho a la educación de calidad.

A partir de la relevancia que adquiere la participación de los estudiantes venezolanos en la educación de los tres países, los SIGED de Colombia y Ecuador modifican sus instrumentos de captura de datos para poder identificar a los estudiantes en situación de movilidad. En el caso del Perú, hubo esa necesidad de realizar cambio alguno ya que desde el 2011, registra a todos los estudiantes y permite identificar el país de nacimiento de la o el estudiante.

El acceso educativo es uno de los ejes que más avances presenta en materia de inclusión de población en situación de movilidad. Los países estudiados han trabajado en la eliminación, disminución y/o ajustes en los requisitos administrativos para la matrícula; y los tres países reconocen en sus cartas magnas la educación como un derecho de todas las personas que habitan el territorio, sin ningún tipo de distinción por origen, sexo u otro tipo de característica personal.

El informe también detectó desafíos. Por ejemplo, los tres países identifican a través de sus sistemas de información y gestión educativa a los estudiantes en situación de movilidad a partir de preguntas diferentes. Esto significa una dificultad en cuanto a la comparabilidad de estos datos a nivel regional y entre países, la que debería subsanarse a corto plazo.

En cuanto a la adaptabilidad de los sistemas educativos, en los tres casos la normativa promueve la realización de adaptaciones curriculares, metodológicas o evaluaciones en función de las necesidades específicas de aprendizaje del alumnado.

La UNESCO afirma que en relación a este tipo de población, la disponibilidad de oportunidades en la educación superior aún es un desafío importante, dado que la normativa dirigida a estas personas no es extensiva a la formación postsecundaria.

El análisis confirmó la presencia en general de buenas prácticas asociadas a la producción de datos de calidad, pero también identificó la falta de recursos humanos y financieros; limitaciones para caracterizar a los estudiantes en situación de movilidad, por lo cual es necesario incluir nuevas variables, y falta de accesibilidad a los datos.

Para enfrentar los obstáculos para que esta población haga efectivo su derecho a la educación, es importante identificar y entender sus necesidades específicas para que desde la planificación y la gestión educativa, se brinden respuestas que garanticen su educación. “Esto implica contar con más y mejores datos y tener la capacidad de utilizarlos en todo el ciclo de la política educativa, es decir, en la planificación, la implementación, la evaluación y reformulación, de ser necesario”, dijo Claudia Uribe, directora de la OREALC/UNESCO Santiago.

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Desde 2019, la UNESCO cuenta con una logrando importantes avances: una mayor y mejor alineación con los mecanismos regionales de coordinación y diálogo técnico y político; ejecución coordinada de proyectos regionales orientados a la inclusión educativa; mayor disponibilidad de datos oportunos y de calidad sobre la población en situación de movilidad; y el fortalecimiento del rol de los actores educativos y ministerios de ����ܳ�������ó�� como agentes y promotores de la protección de este grupo prioritario.

La nueva continuará este trabajo, y buscará apoyar a los países para que garanticen el derecho a la educación de personas en situación de movilidad, aborden los principales desafíos para avanzar hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad con oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas.

Estas respuestas han sido priorizadas por los ministerios de ����ܳ�������ó�� de la región en acuerdos regionales como la , para que los esfuerzos se dirijan a fortalecer los sistemas educativos de manera que sean resilientes, inclusivos y equitativos, para satisfacer los derechos y necesidades de las personas en situación de movilidad.

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