Las situaciones de exclusión e inequidad educativa en cada territorio están relacionadas con realidades demográficas, económicas y sociales particulares. Por lo tanto, las políticas educativas de cada país requieren de un abordaje pertinente al contexto y la voluntad de los gobiernos para impulsar acciones desafiantes que movilicen el compromiso de los diversos sectores y actores de la sociedad.
La UNESCO comisionó al académico y escritor costarricense, Vernor Muñoz, el documento . Muñoz, que además es director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la ܳó y ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, analiza en su informe algunos instrumentos normativos atinentes al derecho a la educación y los contrasta con las normas y realidades concretas de los países de América Latina.
Para conocer más sobre los avances y retos en la región, conversamos con el autor sobre su visión del derecho humano a la educación y específicamente sobre las normativas, que en América Latina han marcado en algunos momentos avances y, en otros, se han convertido en obstáculos.
A 30 años de la Declaración de Salamanca, ¿cuáles han sido los avances de América Latina y el Caribe para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y, específicamente, en educación?
El derecho a la educación de las personas con discapacidad ha evolucionado conceptual y normativamente de manera paulatina, desde perspectivas iniciales en las que predominaba el uso de términos que hoy se consideran estereotipados y peyorativos, hasta instrumentos de avanzada, como la de 2006 o el de 2019.
Los enfoques médicos y asistenciales característicos de los primeros instrumentos normativos sobre discapacidad, que se adoptaron entre los años cincuenta a ochenta del siglo pasado, abordaban las cuestiones de exclusión y discriminación sin considerar el peso de los prejuicios y estereotipos ni los contextos discapacitantes. La y su Marco de Acción, junto con otros instrumentos relevantes, marcó un periodo de transición en los años noventa del siglo XX, cuando se produjo un cambio sustantivo en la comprensión de la discapacidad, reforzando las ideas de inclusión y diversidad, que posteriormente retomaron fuerza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el desarrollo del Modelo Social de la Discapacidad, que ahora sí contemplan la realización de plenos derechos.
¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos normativos para promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos?
Los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos en general y en especial los relacionados con el derecho a la educación de las personas con discapacidad, contienen una serie de principios y de normas que establecen obligaciones fundamentales para los Estados, principalmente. Esas obligaciones tienen efecto universal una vez que son adoptadas e incorporadas en la legislación interna y establecen los parámetros necesarios para desarrollar políticas públicas destinadas a avanzar y asegurar el derecho a la educación de todas las personas, con o sin discapacidad, a quienes debe considerárseles titulares de este derecho humano, desde el nacimiento hasta la muerte.
Las convenciones de derechos humanos son, además, importantes porque han creado órganos competentes para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los de las personas con discapacidad, así que juegan un papel importantísimo para interpretar y aclarar los contenidos de los instrumentos internacionales, así como para orientar a los Estados en las medidas necesarias para avanzar en el respeto de los derechos de estas personas y, específicamente, su derecho a la educación.
¿Qué les recomendaría a los Estados para lograr que lo que está en las leyes y normativas sea una realidad en el aula?
Son muchas las recomendaciones, pero citaré algunas pocas que considero esenciales. La primera recomendación es ratificar los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Este primer paso es fundamental para incorporar sus principios y normas al derecho interno de manera programática. La ratificación además supone la obligación de adaptar las normas internas a los contenidos de los instrumentos, desde una visión de política pública intersectorial e interseccional. Esto permite, en el caso de la educación inclusiva, asegurar oportunidades educativas a todas las personas, a lo largo y ancho de la vida. La reforma legal, política y programática debería buscar la aplicación del Diseño Universal para los Aprendizajes, eliminar las barreras al ejercicio del derecho a la educación inclusiva de calidad y ser útiles para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el ámbito escolar.
En segundo lugar, los estados deben tomar medidas inmediatas para prohibir todo tipo de discriminación basada en discapacidad y en cualquier otra condición, incluyendo la proscripción del rechazo de personas con discapacidad en los sistemas educativos regulares, o cualquier otra medida o condición económica, social, cultural, lingüística, que impida asegurarles la continuidad de la educación. Estas medidas obviamente implican la estimulación de la participación activa de las personas con discapacidad y sus familiares, en la toma de decisiones educativas.
En tercer lugar, debemos recordar que ninguna acción estatal es del todo eficaz, si no se garantiza el financiamiento educativo necesario, por lo que es preciso asignar como mínimo del 4 % al 6 % del producto interno bruto y del 15 % al 20 % del gasto público total a la educación, dedicando recursos suficientes para la construcción de infraestructura adecuada, la reducción del tamaño de las clases y la implementación de recursos de apoyo y ajustes razonables.
Finalmente, quisiera recordar que el garantizar el acceso educativo de las personas con discapacidad no es suficiente para realizar sus derechos. Es imprescindible ejecutar planes nacionales interculturales de formación y capacitación docente con perspectiva de derechos humanos, inclusión y no discriminación y, muy especialmente, revisar el currículo y los mecanismos de evaluación para asegurar que respondan a la enorme diversidad social, cultural y poblacional de nuestra región.
